(Pulso) Cambios sustanciales en el sistema de tramitación de derechos de agua son los que prepara el gobierno a fin de acelerar los proceso que actualmente están en revisión.

El tema no es menor si se considera que existe molestia en sectores productivos como minería, energía y agricultura por los plazos en que se tramitan este tipo de solicitudes, que incluso han terminado en pugnas en el Tribunal Constitucional.

Frente a esto, el director de la Dirección General de Aguas, Carlos Estévez, precisó que “el promedio de residencia de expedientes en la DGA son aproximadamente de 3,2 años, lo que es delicado y grave”.

En función de esto el MOP solicitó a Medio Ambiente que inicie el patrocinio de un nuevo reglamento.

Hace una semana, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la propuesta de cambio de ambas carteras.

“Ahora estamos en el trámite de firmar y generar el decreto, lo que es una muy buena noticia, porque por fin vamos a hacernos cargos de un problema que se generó en 2013”, anunció la cabeza de la Dirección General de Aguas.

La modificación no sólo beneficiará a las solicitudes por nuevos derechos de aguas, sino que también a quienes piden cambios en sus derechos otorgados.

Pero ¿a qué se debe la demora de la Dirección General de Aguas? son varias las causas, pero al menos dos son las más claras, según la autoridad.

El Banco Mundial, en un reciente informe encargado por la Dirección de Presupuesto, ha señalado que la DGA es una institución que tiene atribuciones y funciones muy relevantes, pero no cuenta con los profesionales adecuados para hacer aquellas tareas.

De hecho, según el actual director general de aguas, la entidad internacional estableció que existe una brecha de 105 profesionales en la DGA.

Otra de las razones por las que la unidad dependiente del Ministerio Obras Públicas ha visto extender sus tiempos está ligada a falencias de la administración anterior.

Esta último impuso un reglamento de caudal ecológico que para la cabeza de la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Medio Ambiente, “tiene errores que llevan a una suerte de congelamiento o que detienen la expedición de las solicitudes que existen”.

“Un reglamento no puede estar por encima de la ley. Básicamente establece un mecanismo o fórmula de cálculo de los derechos de agua que no es amigable con los derechos entregados anteriormente”, acusa Estévez.

De esta forma que para la entrega de derechos de agua, la DGA debe contar con hasta una tercera fórmula de calculo debido al reglamento de caudal ecológico.

Debate constitucional

Tal es el nivel de conflictividad que ha generado el problema en la DGA, que algunos casos incluso están en el Tribunal Constitucional.
A fines de julio, Agrícola San Isidro interpuso un requerimiento debido a que se produce una paradoja: por una parte la DGA no resuelve la solicitud de traslado de captación de agua, y al mismo tiempo, los titulares deben pagar patente por no usar esa agua.

En efecto, una alta fuente ligada a la compañía destaca que al menos $90 millones al año se deben cancelar debido al pago de patentes.

“Lo que se pretende, en suma, es que se declare inconstitucional el hecho de que el Estado de Chile, a través de la Dirección General de Aguas, se beneficie de su propia ineficiencia y del incumplimiento de la normas legales que le establecen plazos para resolver, en perjuicio directo del administrado”, afirma el último escrito del abogado Rafael del Valle Vergara.

Desde la DGA replican al cuestionamiento asegurando que dentro de las causales de exención del pago no está este motivo.