(El Mercurio) Se trata de Codelco, Quebrada Blanca y Cerro Colorado. Los casos se iniciaron ese año, cuando el contratista Milton Astudillo -luego de obtener una patente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) por un método para hacer más eficiente el proceso de lixiviación-, demandó a las compañías por US$ 250 millones. Alegó un uso no autorizado de la invención que patentó.
Las mineras además de contestar las demandas de infracción, respondieron pidiendo la nulidad de la patente ante el Inapi, argumentando que la invención pertenecía desde hace de tiempo al dominio público. Quebrada Blanca -representada por los abogados Juan Pablo Egaña y Cristóbal Jimeno, de los estudios Sargent&Krahn y Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo, respectivamente- logró demostrar que el proceso se realizaba en Australia desde antes que Milton Astudillo, representado por el Estudio Villaseca Abogados, presentara su solicitud de patente.
Finalmente, el Inapi declaró en julio pasado la nulidad de la patente por falta de novedad y el método quedó liberado para el dominio público de todas las mineras.