(Pulso) No todo quedó resuelto con la firma de protocolo de acuerdo por reforma tributaria. Un flanco abierto para la discusión de las indicaciones apunta a los impuestos verdes, específicamente el tratamiento del gravamen a las fuentes de emisión fija.
El acuerdo cambió la definición contemplada en el proyecto para determinar el impuesto, desde fuentes fijas a “establecimientos”.
En este sentido, según lo estipulado en el protocolo, “se aclarará el ámbito de aplicación del impuesto a la emisión de fuentes fijas para incorporar establecimientos que cuenten con una potencia instalada igual o mayor a 50 MWt (megavatios térmicos). Se excluirá del referido impuesto a aquellas fuentes que utilicen biomasa como combustible”.
Parlamentarios ligados al proceso, ha señalado que este tema no quedó cerrado en el protocolo, ya que mientras firmaban existían observaciones respecto a la forma en que estaba redactado, que podría ampliar las fuentes sujetas a este impuesto.
Esto también ha puesto en alerta al sector industrial, que ve en el protocolo de acuerdo una amenaza para las áreas manufactureras (vidrios, fierros, cemento, entre otros). De hecho, el senador José García (RN), integrante de la comisión de Hacienda, admitió que “he recibido inquietudes de la industria manufacturera”.
El proyecto original contemplaba un impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al aire de Material Particulado (MP), producidas por “fuentes conformadas por calderas o turbinas, con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos)”.
Cuando se presentó esta normativa, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, explicó que este estándar comprendería del orden de 500 fuentes industriales en todo Chile afectas a gravamen.
Hoy, en el Ministerio de Hacienda estudian una fórmula para acotar estas fuentes en vez de ampliarlas, como es el temor del sector industrial.
Lo que analiza Hacienda
“Acotaremos en la ley los parámetros para la determinación del componente de este impuesto referido a contaminación local, dejando entregado a un reglamento solo lo estrictamente delegable a potestad reglamentaria”, dice el documento del protocolo.
En este contexto, desde Teatinos 120, a través de las indicaciones que se presentarán el 7 de agosto, buscarán aclarar cuáles serán los establecimientos que quedarán sujeto a impuestos.
“No se acordó modificar el parámetro de los 50MWt, más que nada quedamos de definir el ámbito de aplicación de la norma”, aseguran fuentes del gobierno.
En ese sentido, explican que se estudia una fórmula que no afecte a los establecimientos más pequeños.
Por ejemplo, si una empresa tiene 3 fuentes de emisión y éstas emiten 20MWt cada una, según el protocolo sí debería pagar impuesto, ya que sumadas las fuentes tendrían una emisión de 60 MWt, pero puede ser que los efectos contaminantes sean menores que la de una empresa que tenga las 3 mismas fuentes pero que emitan 50 MWt cada una. Por ende, se está buscando una regla que especifique según el impacto ambienal que estos establecimientos puedan causar.
Se buscaría gravar a las termoeléctricas -como era la intención original-, con lo que podrían quedar excluidas aquellas empresas ligadas a la industria manufacturera.
“Lo que hizo el protocolo fue extender este impuesto a otras fuentes contaminantes que no fueran termoeléctricas. Hay que revisarlo, porque siempre se ha puesto el tema de la Fundición Ventanas (Región de Valparaíso), que no es termoeléctrica, pero contamina una barbaridad y parece muy injusto que no quede gravada con este nuevo impuesto, por eso hay que verlo situación por situación”, advirtió el senador García.
En este contexto, los cálculos de Hacienda estiman que las fuentes industriales que serán afectadas por el nuevo impuesto se reducirían a entre 120 y 150 -en relación al universo extendido por el protocolo-, aproximadamente, por lo que desestiman las aprensiones generadas desde la industria.
Además desde Hacienda están analizando reclamos de la Unión Europea y de Corea por el impuesto específico a los vehículos diesel, ya el hecho que éste vulneraría tratados de libre comercio suscritos por Chile.