(Diario Financiero) Concentrarse en los “actores principales” y no en los secundarios. Ésa es la consigna que está aplicando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), entidad que estaría evaluando el cierre temporal de la arista relacionada con el papel que jugaron los directores de las sociedades involucradas en el caso Cascadas.
Los argumentos que fundamentarían esta decisión son varios. El primero apunta a la limitada capacidad con la que cuenta el regulador, en términos de funcionarios y recursos, para abordar investigaciones como ésta. Cabe recordar que en el caso La Polar, de complejidad bastante menor, se ocupó a gran parte del personal disponible en el proceso.
A esto se suma el riesgo de que la mayoría de las operaciones incluidas están próximas a caducar, lo que implica que la SVS no podría ejercer su potestad sancionatoria ya que habrían pasado los cuatro años que contempla la normativa. Por eso, hace más sentido enfocarse en quienes ya han recibido formulaciones de cargos y, eventualmente, podrían ser sancionados: Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Leonidas Vial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, Roberto Guzmán Lyon, y Patricio Contesse.
Al ser consultada por Diario Financiero, desde la entidad encabezada por Carlos Pavez respondieron que “la Superintendencia de Valores y Seguros no puede anticipar un juicio sobre eventuales formulaciones de cargos. En todo caso, en todas las acciones e iniciativas que lleva a cabo, la intención de esta Superintendencia es lograr el máximo alcance posible en su actividad de fiscalización a través de un uso eficiente de sus recursos”.
Caducidad y las actas
Si la SVS ya no pudiera sancionar a los directores de las sociedades cascada por haberse cumplido el plazo de cuatro años, ¿cuál es el sentido de seguir una investigación después? Es más, la misma pregunta aplica para Citigroup Global Markets (CGM), compañía que interpuso ante la Corte de Apelaciones un recurso de reclamación contra la entidad ya que la última operación bursatil cuestionada, y en la que aparece CGM, ocurrió el 28 de abril de 2010, y su caducidad aún no ha sido declarada.
La razón, en ambos casos, apunta a que si bien el regulador ya no puede aplicar multas, esto no implica que pierda la facultad de aplicar censura ni la de declarar ilícitas las operaciones, pudiendo entregar los antecedentes a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, dependiente de la Fiscalía Centro Norte, que es la que está desarrollando la investigación penal, y que cuenta con plazos mayores. Para los directores, los eventuales cargos podrían estar relacionados con la falta al deber de cuidado y diligencia que deben emplear en el ejercicio de sus cargos y en su calidad de integrantes del comité de directores.
Cabe recordar que en la investigación de la SVS, ésta desliza la crítica de que no hubo oposición de las respectivas mesas a los remates de acciones en julio y agosto de 2009 -los que no habrían contado con un análisis de factores objetivos para fijar el precio de las operaciones-, además de no haber realizado comentarios respecto de la conveniencia de las operaciones para las empresas y de los conflictos de interés que podían enfrentar.
Por otro lado, un detalle no menor es que actualmente el Ministerio Público está investigando si se puede configurar el delito de falsificación de instrumento público, ya que eventualmente podrían haber sido cambiadas determinadas actas de directorios de las sociedades cascada. Con esto, también se podría hacer más difícil determinar sus responsabilidades.
En la sesión de la semana pasada de la comisión investigadora por el caso Cascadas, Carlos Pavez explicó que se han visto una series de acciones dilatorias, subrayando que todas ellas se ajustan al marco legal pero calificando a algunas como “novedosas”, las que en el futuro podrían alargar los plazos de investigaciones más allá de las facultades que tiene la SVS para solucionar estos hechos. Al ser consultado respecto a la posibilidad de que los involucrados queden sin sanciones, el regulador respondió que algunas acciones registradas en 2009 podrían quedar sin sanciones por parte de la superintendencia pero sí de la justicia.