(Diario Financiero) Una nueva tendencia está surgiendo a nivel de los proyectos de inversión: incorporar en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) menciones a la consulta indígena para “forzar” su realización.
Esto porque si bien el mecanismo es obligatorio cuando las iniciativas producen afectación a comunidades, algunas empresas han tratado de ir más allá, tratando de hacerlas aún cuando sus proyectos no causan efectos en estos grupos.

El caso más emblemático -dicen en la industria-, es Pampa Solar, proyecto fotovoltaico de 120 MW, que se construirá en la Región de Tarapacá. Aunque en su EIA se expresa que no habrá impacto directo sobre actividades productivas de las Asociaciones Agrícolas Indígenas Aymaras, se hace hincapié en que “la mera percepción de una posible restricción (por parte de las comunidades) ha sido considerada como relevante”.

Tras los complejos episodios de judicialización por este tema, que en los últimos años lograron paralizar varios proyectos, las empresas parecen estar buscando una forma de fortalecer sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).


Cambio de mentalidad


Para el abogado Juan Pablo Schaeffer, las empresas cada vez con más intensidad están mostrando interés por tener mejores relaciones con las comunidades aledañas. Agrega que el sistema debería tender a que la consulta indígena sea un hito más en un marco de relacionamiento mayor entre el Estado, las comunidades y los privados. Así, la consulta dejaría de ser un tema traumático y pasaría a ser algo natural.

Matías Abogabir, ex encargado del gobierno para el tema indígena, dice que hay desconfianza en la institucionalidad tanto de las comunidades, como de los titulares de proyectos. Por eso, a medida que el mecanismo de consulta se valide, se podrá avanzar en generar confianzas, aunque reconoce que esto es tarea de todos los actores.

Esta visión es compartida por Alfonso Vial, gerente de desarrollo de Gestión Ambiental Consultores, quien señala que “los titulares de los proyectos se dan cuenta que deben contar con una licencia social para poder realizar sus inversiones, por eso es importante avanzar desde el primer minuto en tener un relacionamiento con la comunidad en general, antes de los procesos formales de consulta ciudadana e indígena”.

De esta forma -coinciden todos-, se logra bajar el riesgo de que la comunidad, durante la etapa de consulta, donde la empresa no tiene nada que decir, se oponga y perjudique el proyecto.


Dura implementación


Desde que se instauró la consulta indígena, con el nuevo reglamento del SEIA, que comenzó a aplicarse en diciembre de 2013, hay catastradas 14 consultas indígenas. Cuatro de ellas ya terminaron.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) comenzó un proceso de capacitación a sus funcionarios para hacer bien este proceso. En el organismo señalan que ha sido un desafío importante aplicar el procedimiento, porque además de ser temas complejos, acarrean grados de conflictividad. Por eso, al ser la primera institución del Estado que lo aplica, se ha ido aprendiendo sobre la marcha, “con aciertos y errores que están siendo trabajados en función del mejoramiento continuo”.

Entre quienes realizan EIA, explican que hay varios inconvenientes que se han visto en las primeras consultas. Primero, diferencias de criterio importantes las distintas sedes regionales del servicio, de cómo se hace una consulta.

Además, los plazos de la consulta indígena no están perfectamente calzados con los del proceso de evaluación ambiental.

Abogabir explica que todos estos detalles son parte de un proceso natural de ajuste, porque los cambios a la institucionalidad fueron impulsados hace pocos meses.

 Las consultas

En desarrollo:Actualmente, hay por lo menos diez proyectos en consulta indígena. Algunos de ellos son el Embalse Chironta en Arica; la continuidad operacional de Cerro Colorado en Tarapacá; el proyecto RT Sulfuros de Codelco en Antofagasta, y la central Neltume y su línea de transmisión, de Endesa, en Los Ríos.

Finalizadas:
Se han terminado cuatro consultas, como la de El Morro en Atacama o la modernización y ampliación de la Planta Arauco (MAPA), en el Biobío.