Plan de capacitación del Gobierno cuesta US$1.046 millones e institutos con fines de lucro temen quedar fuera del negocio

Jun 2, 2014

El programa Más Capaz contempla que los cursos los impartan este año liceos técnicos y fundaciones sin fines de lucro, y que el próximo se incorporen entidades como Duoc e Inacap, que declaran ser sin fines de lucro.

(El Mercurio) La industria de la capacitación enfrenta días cruciales. El Gobierno ha comenzado a entregar las primeras luces sobre la estrategia que pretende desplegar en esta materia y, hasta ahora, los cerca de tres mil institutos (conocidos como Otec) que basan sus operaciones en percibir recursos fiscales a través del Sence, se encuentran en vilo.

Esta semana el Ministerio del Trabajo hizo su primer anuncio en materia de capacitación laboral: dijo que pretende capacitar a 450 mil personas en cuatro años -incluyendo a 20 mil discapacitados y 40 mil emprendedoras- como parte del programa de formación Más Capaz, para lo cual invertirá unos US$ 1.046 millones al 2018.

Este año, estos cursos serán impartidos por los liceos técnicos y por los Otec que integran el registro especial del Sence, que son solo unos 33 organismos sin fines de lucro. El próximo año, se agregarán -según confirma la propia ministra del Trabajo, Javiera Blanco-, entidades como Inacap y Duoc (ambas instituciones declaran no tener fines de lucro).

En este escenario, los Otec tradicionales temen que, en los próximos años, la prohibición de lucrar con recursos públicos también se extienda al ámbito de la capacitación.

Según el presidente de la Federación de Otec, Leandro Pommiez, durante las últimas semanas han sostenido reuniones con las autoridades de los ministerios del Trabajo y de Economía, pero todavía no han tenido respuesta a la pregunta que se hacen los actores de esta industria: «Hemos solicitado a las autoridades del Ministerio del Trabajo que nos puedan informar cuál será la participación de los Otec en los futuros programas de capacitación. Hemos estado excluidos por años y queremos saber cuál será la política de este gobierno al respecto, si somos parte de la agenda de los programas de Sence o no», señala.

En el Gobierno, la decisión de incorporar a los Otec al programa Más Capaz todavía no está tomada, pero las primeras señales han puesto en alerta a estos organismos: «Vamos a evaluarlo, porque para nosotros en estos ámbitos también hay que dar una señal. No es algo totalmente disociado de la educación. Hoy día tenemos grandes conglomerados sin fines de lucro, como Inacap y Duoc, que son instituciones de prestigio, ellos van a entrar masivamente el próximo año. Los Otec todavía no sabemos», explica la ministra del Trabajo, Javiera Blanco (ver entrevista).

Institutos en venta

Los cambios que comenzaron a implementarse en 2013 han hecho mella en la industria de la capacitación. Según Leandro Pommiez, durante el último año han cerrado unos 500 de estos organismos y de los tres mil que siguen formalmente vigentes, solo 900 registran actividad.

Esto se ha traducido en la salida de actores que, ante la incertidumbre, han optado por vender sus Otec. En los diarios, de hecho, han comenzado a aparecer avisos de ventas de estos organismos por valores que se mueven en torno a los $3 millones. No se trata de la venta de la infraestructura, sino de la certificación que acredita a esas instituciones como entidades reconocidas por el Sence.

Para los actores de esta industria, las cifras están dando cuenta de un desmantelamiento paulatino de la franquicia Sence, tal como lo recomendó en 2011 la Comisión Larrañaga, que evaluó el sistema de capacitación.

¿Qué piensa hacer el Gobierno con este instrumento? «No hay una definición de si la franquicia tributaria debería o no existir. Por el momento, la franquicia existe y lo que hay que hacer respecto de ella es un mejor uso. Hoy se está ocupando tiempo virtuoso en costo hundido, porque son horas hombre, recursos de la empresa, recursos del Estado y no se está traduciendo en nada», señala Javiera Blanco.

En 2011, la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación -integrada por los economistas David Bravo, Dante Contreras, Osvaldo Larrañaga y Sergio Urzúa, entre otros- señaló que la capacitación que se realiza a través de la franquicia tributaria no cumple con las condiciones necesarias para justificar su financiamiento con recursos públicos, debido principalmente a que hay un sesgo en la cobertura hacia las grandes empresas, los trabajadores más educados y de mayores ingresos.

«Este resultado significa que los fondos públicos que se destinan a este programa de capacitación se malgastan, en el sentido que no producen mejoras en las dimensiones que son relevantes para justificar el financiamiento público», concluyó esa comisión, cuyo informe se ha convertido en una suerte de hoja de ruta para varios de los cambios que se han implementado en el último tiempo, incluido el gobierno de Piñera.

De hecho, fue como un sismo lo que ya vivieron los Otec durante los últimos meses de la administración del ex Presidente Piñera, con institutos que dejaron de funcionar, recursos legales en los tribunales de justicia y acusaciones cruzadas entre dirigentes gremiales, empresarios y autoridades.

Entre agosto de 2013 y enero de 2014, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) implementó al menos doce cambios profundos al sistema; eliminó de sus registros 92 mil cursos que se estimó no aportaban a una real capacitación de trabajadores, y bajó el valor de las horas de clases a la mitad para los cursos de e-learning , pasando de $4 mil por hora a $2 mil.

Estos cambios significaron para la industria una merma de recursos de US$ 70 millones. Los Otec apelaron, representados por la abogada Pamela Sánchez, y la Corte de Apelaciones falló a favor de ellos. Sin embargo, Sence recurrió a la Corte Suprema y la disputa sigue adelante.

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