(Diario Financiero) La agenda que promete “recuperar la senda del crecimiento económico” comenzó a elaborarse la semana del 17 de marzo, con reuniones bilaterales de coordinación entre ministerios. Luego, se dio paso a mesas de trabajo con el sector privado.
Y el viernes se realizó el lanzamiento de la agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, la cual contempla 47 medidas, de las cuales 11 requieren proyecto de ley y el resto se concretará por la vía administrativa. En el detalle, la medidas se agrupan en siete ejes claves: inversiones estratégicas; Infraestructura;Apoyo a las Pymes; Emprendimiento e Innovación; Tecnología y Regulación; Mejores Mercados y Nueva Institucionalidad.
El trabajo de coordinación recayó en el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien afirma que con esta agenda se retomará una alianza público-privada para ejecutar cada una de las medidas propuestas. Y una de ellas, apunta a retomar la política de clúster.
– ¿Cuáles son los puntos más débiles sobre cómo hoy está la economía chilena?
– Hemos sido una economía que tuvo aumentos significativos en productividad, que tuvo una estrategia de apertura hacia el exterior que nos permitió ganancias de productividad muy significativas, que permitió que nuestros sectores ligados a recursos naturales hayan tenido un fuerte crecimiento posicionándose en mercados internacionales; sobre eso vamos a construir. Lo que tenemos que hacer es reimpulsar esa apertura al comercio internacional, dar un impulso a la generación de nuevos sectores económicos y a la productividad. Para eso generamos cuatro objetivos estratégicos: promover la diversificación y el desarrollo productivo de nuestra economía, impulsar sectores con alto potencial de crecimiento, aumentar la productividad en las empresas y generar un impulso a las exportaciones.
– ¿Cuál es el llamado que hace a los privados para que colaboren en esta agenda?
– Lo que hemos planteado acá es una serie de instrumentos que promueven la coordinación público privada, de forma tal que vayamos construyendo este país, vayamos detectando cuáles son estos bienes públicos que tenemos que generar para poder gatillar un salto en la productividad. Eso es un enfoque muy importante porque pone en un rol central está coordinación público-privada, de forma tal de poder generar ese salto en desarrollo.
– ¿Cómo se va a materializar la alianza público-privada en el tema de cluster, se va a ampliar a otros sectores?
– Vamos a tener una serie de iniciativas que van a estar orientadas a desarrollar áreas y sectores de nuestra economía, donde tenemos potencial de crecimiento significativo. Una de ellas es la que dice relación con proveedores de clase mundial, en donde el sector de la minería generó un importante incremento en el encadenamiento productivo, en el valor, las oportunidades de esas empresas que no son de la minería, sino que son proveedores de la minería. Vamos a revisar los estudios, ya estamos trabajando en eso, de forma tal de identificar aquellos lugares en donde la acción nuestra permita ganancias en productividad, ganancias en desarrollo.
– ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la Agenda de Impulso Competitivo que lanzó el gobierno anterior?
– Lo que tenemos hoy es una agenda en donde el Estado juega un rol muy importante, en donde tenemos una acción del Estado en la generación de bienes públicos necesarios para que se gatille inversión privada. Esa es una mirada muy importante respecto de los desafíos que tenemos como país. No vamos a tener diversificación productiva si no hay un rol activo del Estado en la generación de las condiciones que sean necesarias para que exista inversión privada en áreas de nuestra economía. Acá no es la suma de acciones puntuales la que define la estrategia, no es un listado de medidas, esto es un conjunto de propuestas que se complementan entre sí, de forma tal de materializar la estrategia de desarrollo.
El impacto en el PIB
– ¿Cuál es el impacto que las últimas agendas tendrían en el crecimiento potencial de la economía?
– Una de las cosas que tenemos como desafío es agregar conocimiento, darle valor a lo que producimos y para eso requerimos capital humano. La reforma educacional es también importante en la generación de una estrategia de desarrollo productivo. Lanzamos una Agenda de Energía, que nos va a permitir enfrentar los desafíos de tener energía sustentable y competitiva, de forma tal de impulsar la economía. Lanzamos la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento que va a generar condiciones que permitan el surgimiento de encadenamientos productivos, de nuevos sectores en la economía, de más productividad para las pequeñas y medianas empresas, que son todos elementos esenciales para tener un mayor crecimiento económico en el largo plazo. Hemos planteado agendas en un horizonte más allá de lo que son los próximos cuatro años, y por tanto, nos permite proyectar en el tiempo nuestros esfuerzos en materia de desarrollo económico.
– Entonces, ¿prevé una mejora en el PIB potencial?
– Aspiramos ciertamente a potenciar el crecimiento económico, potenciar la generación de capital humano, la productividad y la inversión. La estrategia que hemos puesto en esta agenda y también en las otras apunta de forma consistente en esa dirección.
– ¿La nueva institucionalidad del Comité de Inversión Extranjera compensa la eliminación del DL 600?
– No tiene que existir preocupación alguna de nuestra capacidad para atraer inversión extranjera, hemos construido un país con instituciones serias con un entorno macroeconómico estable y le hemos ido agregando valor a nuestro capital humano, tenemos un clima de negocios reconocido mundialmente y tenemos todas las condiciones para que los inversionistas estén seguros de que sus inversiones rendirán frutos. No se justifica la existencia del DL 600 para atraer la inversión extranjera y no es una limitante. La agencia estará buscando atraer la inversión extranjera.
– ¿Habrá un nuevo régimen que reemplace al DL 600?
– Hemos sido claros para decir que las condiciones que existen en Chile son para atraer inversión extranjera, no necesitamos un Decreto Ley 600 para atraer inversión extranjera, tenemos las condiciones que todos los inversionistas consideran a la hora de desarrollar una inversión.
El sector empresarial no debe estar preocupado, la inversión extranjera en Chile no pasa por el DL 600, sino que por la fortaleza de nuestro país.
– ¿Cuándo se espera que las primeras medidas estén en vigencia y cuándo podrían empezar a dar frutos para retomar el crecimiento?
– Estamos trabajando desde ya en la implementación de esta agenda, va a comprender algunas medidas que son de carácter administrativo y otras van a ser leyes.
– ¿Los proyectos de ley podrían ingresar al Congreso ya el segundo semestre?
– El timing lo vamos a ir dando en su momento, pero efectivamente hay muchos proyectos que vamos a estar ingresando este año.
«Estamos estudiando si se repone la pena de cárcel para los delitos contra la libre competencia»
-Una de las medidas de la agenda apunta a fortalecer la institucionalidad del Tribunal de Defensa de la Libre competencia y la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cómo se traducirán esos cambios?
– Vamos a perfeccionar el sistema de defensa de la libre competencia, mejorando el funcionamiento de la delación compensada, y el aumento de multas por las vías asociadas a un porcentaje de los ingresos obtenidos por el infractor. Esto nos permitirá avanzar en una mejor institucionalidad para proteger la libre competencia.
– ¿Y en esa discusión se incluirá reponer la pena de cárcel tal como lo establece el programa de gobierno?
– Vamos a buscar la manera de potenciar la delación compensada que fue creada en 2009, y hay ciertos factores que no la han potenciado en su real magnitud. Por ello, estamos trabajando en ciertos factores para potenciarla.
– ¿Pero el tema de reponer la pena de cárcel para delitos que atenten contra la libre competencia se repondrá?
– Lo que hemos dicho es que vamos a estudiar esta materia, proceso en el que estamos. Todas las materias que dicen relación con la libre competencia, las vamos a estudiar. Y cuando enviemos ese proyecto de ley, seremos claros.
– El año pasado hubo un debate sobre la conveniencia de que los delitos de colusión sean analizados por la FNE y no por el Ministerio Público. ¿Cuál es su opinión al respecto?
– Esa es una de las materias que estamos evaluando para ser muy claros de aquellos factores que permitan potenciar la delación compensada, de manera de aclarar esta materia; estamos trabajando en eso.
– ¿El objetivo es tener una Fiscalía Nacional Econíomica con mayores facultades, más autónoma, como el Ministerio Público?
– Lo que tenemos que hacer es darle los instrumentos necesarios para que la fiscalía trabaje de la mejor forma posible, eso es lo que hemos dicho y eso es lo que vamos a hacer.
– En cuanto al tema de control efectivo de fusiones, durante el gobierno anterior la Comisión para la Libre Competencia, presidida por Francisco Rosende planteó la idea de establecer este control preventivo pero bajo ciertos umbrales. ¿Ustedes están pensando en algo similar para no trabar la generación de negocios?
– En esa comisión hubo propuestas sobre esta materia y, a la vez, se entregaron distintas opiniones respecto de esta materia. Lo que nosotros estamos haciendo es evaluar las distintas alternativas, y lo que vamos a hacer es proponer una solución que proteja la libre competencia, pero que a la vez, no limite el crecimiento de nuestra economía.
– En otro ámbito, la agenda propone la creación de una unidad especializada que supervisará y coordinará las regulaciones del sector público. Concretamente ¿a qué apunta esta medida?
– El objetivo de esta unidad es evaluar qué sectores necesitan cambios regulatorios. Ahora, junto al ministerio Secretaría General de la Presidencia y la OCDE, estamos evaluando qué sectores necesitan cambios. Estamos trabajando en tres sectores específicos que los daremos a conocer en su momento.
– En infraestructura, se plantea el desarrollo de un puerto a gran escala en la macro zona central. ¿Existen plazos para aquello?
– Es una necesidad de incrementar todo lo que es una infraestructura para acceder a los mercados internacionales y, en esa línea, llevaremos a cabo los estudios necesarios para el desarrollo de los puertos de gran escala en la zona centro del país. Si miramos cuáles van a ser los requerimientos de Chile en materia de puertos -mirando el desarrollo del paí a futuro-, vemos la necesidad de hacer más inversiones en la macro zona central del país. Estamos dando una señal clara que vamos a hacer todos los estudios necesarios para concretar un gran puerto en la zona central.
«Habrá mejora en las condiciones del mercado»
– ¿Las medidas impulsadas para apoyar a las pymes se vienen a sumar a lo establecido en la reforma tributaria?
– La reforma tributaria en sí se hace cargo de potenciar a las pequeñas y medianas empresas. Lo que hacemos con esta agenda, es ir más allá y generar algo que es fundamental para el crecimiento de las pymes: un mejor acceso al crédito.
– ¿Qué los llevó a capitalizar BancoEstado en un monto considerable de US$ 450 millones, similar al monto de capitalización de la crisis de 2008. ¿Ven algo que no esté funcionando en el mercado?
– Cuando realizamos nuestra evaluación para ver cuáles son nuestras limitantes de crecimiento y productividad para las pequeñas y medianas empresas, nos dimos cuenta de dos elementos centrales: la gestión de las pymes y el acceso al financiamiento. Precisamente, la capitalización de BancoEstado apunta a mejorar el acceso al financiamiento a este sector productivo.
– ¿Con esto esperan que haya un efecto virtuoso hacia el resto de la industria en cuanto a niveles de tasa de interés para el segmento pyme?
– Siempre que (la industria) tenga un actor con la potencialidad de jugar un rol más importante vamos a tener mejoras en las condiciones del mercado.
– ¿Cuál es la inversión total de la agenda y cuantó se destina para las pymes?
– Esta agenda compromete recursos por US$ 1.500 millones, de los cuales US$ 500 corresponden a la capitalización de BancoEstado y el Fogape. Eso tiene un efecto sobre los créditos en torno a los US$ 1.500 millones para las pymes y tiene un efecto en torno a US$ 2.000 millones para los créditos hipotecarios.