(El Mercurio) «Expectantes». Esa es la actitud general del sector privado respecto de la nueva agenda y política energética que impulsará el Gobierno y el ministro Máximo Pacheco. Y es que los cinco titulares en Energía que desfilaron en los cuatro años de gobierno del Presidente Sebastián Piñera decepcionaron y agudizaron los problemas que hoy ya tienen ribetes de crisis.

«La energía es un tema complejo y urgente y necesitamos soluciones ya», dice el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández. Aunque hay bastante consenso en el diagnóstico, a su juicio la mayor dificultad que tiene el sector es la priorización de las medidas. «Si se promueve una discusión para solucionar el 100% de los problemas y quedar todos contentos, pero sale en cuatro o cinco años más, no sirve», resume este ejecutivo minero.

Gran parte de los consultados no tiene problemas con un Estado más presente. Bernardo Larraín Matte, presidente del directorio de Colbún, sostiene que «el Estado debe ser más activo, en particular en la articulación de las distintas visiones».

«Como empresario soy partidario de que exista una política energética nacional y yo lo vengo pidiendo desde hace varios años», dice a su turno Bernardo Matte, director de Colbún y miembro de uno de los grupos económicos más importantes del país.

El gerente general de Copec, Lorenzo Gazmuri, afirma que en las empresas «hay un gran ánimo de colaborar, porque la situación nos preocupa». Y en cuanto a los temas relevantes, este ejecutivo del grupo Angelini opina que «el ordenamiento territorial es un tema urgente, pero tiene que construirse con participación regional y más aún, con participación comunal». En ese sentido, estima que es necesario contar una institucionalidad para administrar las compensaciones que se negocian con las comunidades en el marco de la participación ciudadana en los proyectos.

Algo similar plantea Bernardo Larraín. «Hay ciertas materias de la institucionalidad ambiental que pueden mejorar, como un ordenamiento territorial previo al ingreso de los proyectos a evaluación de impacto social; cierta descentralización tributaria de tal forma que parte de los tributos queden en la región, y tercero, una participación temprana de las comunidades dentro de la institucionalidad», plantea.

Lorenzo Gazmuri agrega que también se debate entre las empresas que parte de los impuestos que pagan las compañías del rubro se distribuyan en la localidad donde operan, «de tal manera que esa región o comunidad vea el beneficio del desarrollo de estos proyectos».

El country manager de la compañía australiana Origin Energy, Nelson Muñoz, señala que uno de los mayores consensos es desplazar el diésel en la generación eléctrica, pero no existe acuerdo en cómo lograrlo. Otro acuerdo transversal entre las empresas es el uso de las energías renovables, como las solares, geotérmicas e hídricas. Pero «se tiene que tener una política de Estado, que involucre a privados, para definir cómo incorporar (a la matriz) esas energías».

Estos ejecutivos fueron convocados a un taller realizado el miércoles en la sede del Congreso Nacional en Santiago para hacer propuestas sobre temas claves. El cónclave duró toda la mañana del 30 de abril y congregó a ONGs, académicos, políticos y ejecutivos de empresas. Los tres pisos del histórico edificio estaban abarrotados y, como destacó el ministro Pacheco, «me sorprendí que hubiera tanta gente al finalizar la jornada». En todo caso, no es el único encuentro que ha propiciado Pacheco. Ha realizado reuniones en Arica, Iquique, Coronel, Concepción y Punta Arenas.