(La Tercera) Confiados están en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) de que, en sus primeros meses, el nuevo gobierno dará señales potentes para destrabar la ejecución de los proyectos energéticos paralizados, que a la fecha suman más de 3.500 megawatts (MW), y que, entre otras razones, explican que sólo en Atacama, región que representa más de un tercio de la cartera de US$ 110 mil millones al 2020, el 63% de las inversiones proyectadas esté con demora o en revisión. Su reactivación, dice Alberto Salas, presidente del gremio, es el gran desafío hacia adelante.

En lo político, algunos cambios anunciados, como la derogación del DL 600 -que facilita la inversión extranjera-, las reformas tributaria y constitucional, no inquietan mayormente al vicepresidente del mismo gremio, y presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández. Sí le preocupa otro punto. “La industria está pasando por un período complejo”, advierte, refiriéndose a la caída prevista para el precio del cobre. En ese contexto, cree que el esfuerzo para obtener los recursos requeridos por la agenda social de la nueva administración debe ser compartido por todo el sector industrial.

Ambos ejecutivos se muestran abiertos al diálogo y a generar consensos, según afirman. También están dispuestos a convencer al futuro gobierno de Michelle Bachelet de que no es necesario borrar todo el avance que ha tenido el país para seguir creciendo.

¿Cómo se está preparando el gremio para el cambio de gobierno?

Alberto Salas (AS): Esta industria trabaja siempre con una mirada de largo plazo y que trasciende a los gobiernos. Pero, de igual forma, celebramos que el proceso democrático haya sido ordenado, limpio y transparente. Felicitamos a la presidenta electa, con quien nos tocó trabajar en su período anterior, y estamos pidiendo una reunión para que, una vez que nombre a sus autoridades, entregarle un estudio sobre el desarrollo estratégico de la minería. La idea es hacer un aporte, tomando en cuenta la visión, el conocimiento y la experiencia que tenemos como mineros y dirigentes gremiales.

¿Existen temores por las propuestas de cambios al sector planteados por la Nueva Mayoría?

No siento mucha preocupación. Habrá una sociedad que estará gobernada por una alternancia en el poder, donde todos los chilenos aportarán visiones compartidas que tienen que ver con mantener el empleo, el crecimiento y las buenas condiciones de vida.

Lo que se discute en las campañas son programas de gobierno bastante genéricos, en que es muy difícil pedir precisiones. No vemos ninguna razón para estar particularmente preocupados. El país ha tenido una historia de éxitos en los últimos 30 años, y vienen etapas donde hay que hacer cambios y seguir progresando. No hay que destruir lo que se ha hecho hasta ahora. Las bases son sólidas y hay que perfeccionarlas para adaptarse a la nueva realidad.

¿Les preocupa que un cambio en la regla tributaria pueda afectar a la industria?

Naturalmente. Un cambio tributario es un tema que afecta a las empresas y el crecimiento. Pero si hay que hacer un esfuerzo, éste debe ser igual para todos. Hasta ahora no hemos visto ninguna discriminación. La minería pasa por un período más complejo, pero si tiene que contribuir, debe hacerlo igual que el resto de los rubros industriales.

¿Se acabó el boom de aportes al Fisco por parte del sector?

Nuestro negocio depende del precio del cobre. Si éste baja, nuestro aporte al Fisco disminuye y también nuestras utilidades. Ahora viene un período un poco más complejo, pero no de crisis. Se nos han estrechado los márgenes de operación y tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Naturalmente, en esta coyuntura podemos responder menos a exigencias desmedidas. Por eso hay que mantener la visión de largo plazo.

¿Ven propuestas desmedidas en el nuevo gobierno?

La presidenta electa ya gobernó, por un lado, y los plazos de un gobierno no son extremadamente largos, por otro. Por eso, uno debería pensar que habrá una priorización de la batería de cosas que se quiere hacer. Creemos que el tema central será la educación y para eso se necesitarán recursos. En eso se gastará un esfuerzo enorme, que se quiere hacer en armonía y consenso. Esa es la forma. Somos un país más avanzado, más informado y con mejores condiciones de vida. Por eso, creo, nadie quiere ir hacia atrás. En ese sentido, la inversión, el desarrollo, el crecimiento y el empleo son variables relevantes para un gobernante a la hora de hacer los cambios que estime conveniente.

¿Los cambios al DL 600 podrían perjudicar al sector?

Es importante tener un contrato de estabilidad tributaria durante la ejecución y desarrollo de un proyecto, ya que en esos años existirán retornos. Ahora, si ese mecanismo es el DL (Decreto Ley) 600 u otro, bueno, todo se puede discutir, conversar y opinar.

Cuando ya se tenga un equipo de gobierno, ese tema se conversará y se podrán lograr acuerdos. Con buenos puntos de vista y sólidos respaldos de lo que ha ocurrido con anterioridad, se puede convencer a la autoridad. Si se pierde, se puede llegar a un consenso.

¿Qué otros puntos se quieren precisar con el nuevo gobierno?

Tenemos varios temas importantes en la agenda para ir avanzando. Hemos dicho que la institucionalidad, en relación con el sistema de fiscalización y regulatorio, junto con el aumento de los estándares en medioambiente, hacen que hoy sea más complejo desarrollar proyectos. Las instituciones que tiene el Estado para estos temas no han crecido al ritmo que sí lo ha hecho el sector minero. Si somos líderes mundiales en cobre y otros minerales, necesitamos una contraparte capaz de responder en un tiempo razonable.

Ahora nosotros hacemos una minería mucho más sustentable. Es decir, hemos ido poniéndonos al día con esta sociedad que es distinta. El Estado también lo tiene que hacer y con la misma velocidad. Si no es así, se producen desencuentros y problemas. Un ejemplo es la judicialización. Hoy existe una legislación que, en algunos aspectos, no está bien definida. Eso deja margen a interpretaciones y a judicializaciones que hay que ir superando.

 

Desafíos energéticos

¿Reactivar los proyectos es un tema prioritario para el sector?

Es un gran desafío. Tenemos una cartera de proyectos por sobre US$ 100 mil millones. De ella, el 40% está detenida, en estudio o en revisión. Si somos capaces de generar las condiciones para superar las incertidumbres, las judicializaciones o las variables que sean, como la energía, sin duda tendremos una palanca de desarrollo muy potente. La minería, en los últimos siete años, ha aportado más del 20% de los ingresos fiscales. Este no es un tema que afecte sólo a los inversionistas y a sus trabajadores, sino a todos los chilenos. Espero que el nuevo gobierno vea esta oportunidad como una vía por donde se pueda crecer más y aportar al desarrollo social y económico del país.

La contribución de la minería irá no solamente por el pago de impuestos al Fisco. Que haya inversiones crea empleo y servicios. También hay que fijarse en el trabajo de calidad que da el sector.

 

¿Cómo se pueden reactivar los proyectos?

Esos temas pasan primero por aspectos regulatorios y de permisos, por tener instituciones que puedan responder prontamente a solicitudes que están en la ley y así acelerar la puesta en marcha de los proyectos.

Después está resolver la incertidumbre que aún tenemos -y no sé si con el nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental lo resolverá-, sobre las interpretaciones del Convenio 169 de la OIT. Este tema debilita la institucionalidad, ya que por más que se tenga una autorización ambiental, hay otros flancos que paralizan los proyectos. Eso no es favorable a la inversión. También hay que resolver el tema de la energía eléctrica, no sólo por la minería. El crecimiento y la medición de cuán desarrollado es el país está relacionado con la energía disponible. Ahí estamos en falencia.

Esta semana se paralizó otro proyecto eléctrico, Bocamina 2, de Endesa…

El nuevo gobierno tiene claro que ese tema tiene que ser abordado y creo que lo hará desde el principio. El Estado necesita tener una política energética distinta de la actual e instrumentos para poder ejecutarla, porque hoy no está funcionando. Hay que corregir ese modelo y eso no es muy difícil. Creo que ellos tienen la idea bastante clara hacia dónde tienen que orientarse.

En la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acabamos de terminar la segunda parte de un estudio hecho con el fin de colaborar y ayudar sobre el escenario energético. La conclusión es que, al parecer, las decisiones deben ser más de índole regulatoria. Es decir, si una industria quiere invertir US$ 110 mil millones en tal plazo y requerirá tal cantidad de energía y además, es buena pagadora, deberían sobrar las compañías que quisieran ofertar y ser capaces de construir esa energía. Si eso no es así, hay temas más de fondo que debieran revisarse.

¿Cuál es la perspectiva para la reactivación?

Gente con la que he conversado habla de fines de 2014 o inicios de 2015. Este último plazo es para la zona de Atacama, donde el problema está más ligado a la falta de energía. Las señales que dé el nuevo gobierno sobre cómo enfrentar el tema de la energía será muy decisiva para acelerar o no la cartera de proyectos mineros.

Luego veremos la reactivación de estudios, ya pensando en 2014. La ejecución de proyectos se demorará más, es un proceso más largo. Pero en la Tercera Región tardará un poco más. Los proyectos no se harán mientras no haya energía disponible ahí.

Aporte al Fisco llegará a su nivel más bajo desde la crisis de 2009

Un crecimiento sobre 5% en la producción de cobre se espera para este año y también para 2014. Esa es la proyección de Sonami, gremio que espera que el próximo año Chile dé un salto importante en términos de producción y llegue a 6 millones de toneladas de cobre fino. Para 2013, la cifra será de 5,75 millones de toneladas. Pero el incremento no se reflejará en los aportes tributarios al Fisco, que este este año se situarán entre US$ 5.500 millones y US$ 6.000 millones, cifra menor a los US$ 8.195 millones de 2012.

Para 2014 se estima una cifra similar a la de este ejercicio, debido a la menor cotización del cobre y otros metales. La Sonami estima que el precio promediará entre US$ 3 y US$ 3,2 la libra el año entrante. A la fecha, el metal promedia US$ 3,32 la libra.

“Ahora viene un ciclo más restrictivo y ojalá, en algún minuto, se pueda volver a un escenario más próspero. En ese minuto, el sector tiene que estar con una base productiva lo más grande posible para poder cosechar tanto en su beneficio como del país”, sostiene Diego Hernández.

El Estado ha recibido en promedio, entre 2006 y 2012, US$ 9.983 millones, siendo 2006 el mejor año, con un aporte de US$ 12.936 millones. En 2009, por efecto de la crisis de Lehman Brothers, el sector contribuyó con US$ 4.275 millones, la cifra más baja de todo el período. “Hay incertidumbre respecto al crecimiento de China y de los países Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que están en desarrollo. No creemos que sea algo crítico, sino que se trata de una ralentización y tenemos que adaptarnos”, opina Hernández.

Salas agrega que la estimación de precios podría haber sido más baja, ya que hoy cuesta mucho más producir, lo que afecta la oferta.