(LA TERCERA) A poco más de tres meses de estallar, el caso cascadas entró en una nueva etapa, caracterizada por nuevas estrategias legales de parte de los distintos involucrados en esta trama, que partió con la formulación de cargos de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra el presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, y tres de sus principales colaboradores. Esto, por supuestas infracciones a la Ley de Valores y de Sociedades Anónimas, a través de una serie de transacciones realizadas con acciones de las firmas que integran la cadena de control de la minera no metálica. El punto de partida de esta fase es la querella presentada esta semana por la mayor AFP del mercado, Habitat, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En el escrito, la gestora agregó un nuevo ingrediente, al pedir que se sancione a quienes resulten responsables por uso de información privilegiada y manipulación bursátil.
La intermediaria detalló seis operaciones ocurridas entre 2009 y 2011, en las cuales sus fondos administrados tuvieron un perjuicio de US$ 12 millones; mientras las sociedades ligadas a Ponce y sus colaboradores ganaron, aseguró, US$ 390 millones. Las otras AFP no tardaron en reaccionar. Capital emitió una declaración pública, señalando que estudia “todas las acciones civiles y penales tendientes a proteger la rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones”. Provida, en tanto, agregó que ha seguido la situación y que está “analizando las posibles acciones a seguir”. Moneda, por su parte, también prepara una querella por uso de información privilegiada y manipulación bursátil. En principio, la presentación va en una línea similar a la acción de Habitat, pero podría incorporar algunos matices, anticipa un profesional vinculado al caso. Esto, porque podría presentarse luego de que se conozcan las nuevas formulaciones de cargos que, se espera, haga la SVS en las próximas semanas. Además del banco de inversión, hay otras entidades, entre ellas algunas AFP, que quieren recibir señales frescas antes de emprender otras vías judiciales. “En las nuevas formulaciones, la SVS puede agregar perspectivas que no estaban consideradas. Puede dar un nuevo ángulo para analizar los hechos”, explican abogados consultados. La duda es cuándo ocurrirá esto, ya que Fernando Coloma, titular de la SVS, mantiene en un círculo muy estrecho la información sobre sus pasos. “Es inexpugnable”, asegura un jurista. Que se sumen otros institucionales, estiman abogados del caso, le daría más velocidad al proceso investigativo que se inició en la Fiscalía Oriente hace un año y que ahora lleva la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, que lidera el fiscal José Morales.
Los antecedentes recabados hasta ahora darían pie para avanzar en una acusación por lavado de activos, según la visión de varios denunciantes que siguen el caso. Este delito consiste en ocultar el origen, ubicación y propiedad de dineros o bienes obtenidos ilegalmente.
Las otras acciones
La reciente acción de Habitat no es la única veta judicial nueva. Antes, Ponce Lerou había iniciado acciones contra el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma; el intendente de Valores, Hernán López; y el jefe del área de cumplimiento, Hugo Caneo, a través de una querella criminal en la que acusó prevaricación judicial y administrativa, delitos escritos en los artículos 223 y 226 del Código Penal. La acción, presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ya fue admitida a tramitación, y surgió después de dos intentos del equipo jurídico de Ponce por inhabilitar a Coloma. La defensa del empresario continuó con otra querella contra quienes resulten responsables de la filtración del expediente del caso. Poco después, el gerente general de Norte Grande, Aldo Motta, uno de los acusados por la SVS, presentó ante la Corte de Apelaciones un recurso de protección para dejar sin efecto el procedimiento administrativo sancionatorio abierto por el regulador. La SVS respondió que esta no es la vía para impugnar resoluciones. Esta ola de acciones legales, además de abrir nuevos flancos, ha allegado nuevos rostros conocidos al caso. Aunque no hay certeza sobre la fecha en que la SVS realizará las nuevas formulaciones, se espera que esto ocurra en las próximas semanas. Estas podrían alcanzar a otros ejecutivos que, según la investigación, habrían tenido protagonismo en las operaciones cuestionadas. Entre estos, propietarios de sociedades instrumentales que participaron, según la autoridad, en el esquema de negocios ideado por Ponce Lerou, que consistía en vender títulos de las cascadas bajo precios de mercado y recomprarlos a valores superiores. Ellos son Alberto Le Blanc y Leonidas Vial. Este último, socio de LarrainVial, debió entregar información sobre sus sociedades al fiscal que investiga la arista penal, José Morales.
También podrían verse afectadas algunas corredoras y otros agentes que intermediaron transacciones de las cascadas entre 2009 y 2011. Mientras, en la Fiscalía Centro Norte avanza la investigación penal. Esta semana el fiscal José Morales recibió gran parte de los antecedentes solicitados a las AFP y a las corredoras de Bolsa. Estas tenían que detallar las transacciones realizadas entre 2007 y 2013 por las sociedades calificadas por la SVS como relacionadas, vinculadas e instrumentales. Morales además, pidió a Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial, Luis Saldías y Roberto Guzmán información sobre las sociedades que poseen en el país y el extranjero. El equipo de Morales aún no tiene un calendario para los interrogatorios, propio de este tipo de casos. Incluso esta fase del proceso podría efectuarse en las primeras semanas de enero, indican conocedores de estas tratativas. Para la fiscalía los interrogatorios no serían las diligencias más relevantes, ya que estiman que los involucrados en general repetirán los argumentos que entregaron a la SVS cuando hizo su investigación. Lo importante, añaden, será el trabajo analítico que desarrollará la unidad una vez que tenga toda la información. Este proceso, dicen, será lento y engorroso. Dentro de los pasos que quedan en la acera penal está analizar si se requiere información adicional a la ya solicitada y además, ver la posibilidad de efectuar peritajes.