(La Tercera) Listo para entrar a Contraloría quedó ayer el reglamento que establece la obligatoriedad de consulta a pueblos indígenas ante medidas como leyes o proyectos de inversión que puedan afectarlos, buscando cumplir con lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tras más de dos años de trabajo entre el gobierno y representantes de las diferentes etnias, el Presidente Piñera firmó el nuevo reglamento, que con 20 artículos reemplazará al criticado Decreto Supremo 124, que según organizaciones y expertos, no cumplía con los estándares internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.
“Lo que establece este mecanismo y este reglamento de consulta es que los proyectos de ley o de reforma constitucional o actos administrativos que los afecten directamente, pueden ser consultados a nuestros pueblos originarios”, dijo Piñera en La Araucanía.
El procedimiento visado por el Mandatario define la consulta “como una obligación estatal que busca llegar a acuerdo en la adopción de medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”, aunque explicita que no es necesario llegar a un acuerdo para dar la obligación por cumplida.
Consta de cinco etapas, partiendo por la entrega de información preliminar, la determinación de los intervinientes y sus roles, así como la metodología del proceso. Luego sigue la difusión del proceso de consulta, momento en el que se deben entregar todos los antecedentes, “considerando los motivos que la justifican, la naturaleza de la medida, su alcance e implicancias”. Una tercera fase está compuesta por la deliberación interna de los pueblos, para seguir con el el diálogo y la comunicación de los resultados.
El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, agregó que espera que la nueva normativa genere “un clima de confianza entre la minería y las comunidades, con el fin de anticipar eventuales problemas, y evitar la judicialización de los proyectos de inversión”.
Para el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, “la firma del reglamento es una buena noticia”, pero afirmó que “todavía quedan materias por resolver”. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, dijo que mantendrán “el diálogo con las comunidades en las materias en las que no obtuvieron acuerdo”.