Países emergentes mineros son los nuevos protagonistas

Jul 29, 2013

Importantes proyectos mineros se están desarrollando en países de América Latina que hasta ahora estaban al margen de la minería formal y a gran escala. El éxito de estas iniciativas podría contribuir a abrir las puertas a esta actividad en nuevos mercados, donde todavía es vista con recelo.

(LATINOMINERÍA) Artículo gentileza de Revista LATINOMINERÍA, Grupo Editorial Editec.

América Latina tiene un peso protagónico en la industria minera. No por nada ha venido liderando en los últimos años el gasto en exploración, atrayendo en 2012 el 25% del total, según cifras del SNL Metals Economic Group. Países como Chile, Perú, México, son actores consolidados en este rubro, pero en el último tiempo se están sumando nuevas jurisdicciones que ven en la minería –siguiendo el modelo de los anteriores– una oportunidad de crecimiento y mejora para sus sociedades.

Son distritos emergentes en la actividad extractiva, con debates internos no resueltos y en muchos casos carentes de un marco regulatorio establecido en este campo, pero que tienen el potencial y la oportunidad de transformarse en actores relevantes gracias al desarrollo de proyectos de clase mundial.

Uno de los casos más avanzados lo constituye Pueblo Viejo, en República Dominicana. El yacimiento está ubicado en el distrito histórico de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, a unos 100 km de la capital Santo Domingo, en el mismo sector donde se desarrolló la antigua operación minera que manejaba la mina Rosario Dominicana.

El proyecto es administrado y operado por Barrick Pueblo Viejo, una subsidiaria de Barrick Gold. En 2006 Barrick adquirió los activos de Placer Dome en todo el mundo, que incluían los derechos mineros de Pueblo Viejo. La inversión requerida para la construcción de este depósito alcanzó unos US$3.800 millones, una iniciativa en la que Barrick se encuentra asociada con Goldcorp (40% de la propiedad).

Las cifras que maneja Barrick apuntan a obtener una producción media anual de oro, correspondiente a su 60% de participación, del orden de 625.000 a 675.000 onzas, con un cash cost total en su primer quinquenio de operación de US$300-350 por onza.

Aporte

En el documento Análisis de los Efectos Económicos y Sociales del Proyecto Minero Pueblo Viejo, elaborado por el Centro de Responsabilidad Social en Minería (Centre for Social Responsibility in Mining, CSRM) de la Universidad de Queensland, Australia, uno de los aspectos abordados son las oportunidades de desarrollo que se están presentado en América Latina y el Caribe, por efecto de la actividad minera.

Al respecto, el informe destaca que la contribución al PIB del sector minero de la región se ha triplicado de US$100.000 millones en 2004 a más de US$315.000 millones en 2010. “Si esta tendencia continúa (basado en la cartera actual de proyectos mineros) la cifra podría exceder los US$400.000 millones por año para 2020. Esto representaría una contribución histórica del 12,5% al PIB total de América Latina”, añade el estudio, sobre la base de datos de la Cepal.

Pero más allá de este aporte, el punto que subraya el CSRM es que el actual aumento de actividades mineras “representa una oportunidad única para mejorar las condiciones socioeconómicas de la región, asumiendo que el crecimiento del Producto Interno Bruto representa la creación de valor agregado y riqueza económica”.

En el caso concreto de Pueblo Viejo –que inició su operación a fines del año pasado– se espera que el proyecto genere un valor agregado de entre 2,4% a 2,9% del PIB de República Dominicana, vale decir, unos US$1.232 millones por año, durante la primera década de operación, incluyendo los efectos directos e indirectos.

“Considerando que el PIB de República Dominicana ha aumentado de manera constante (a excepción de los años 2003 y 2004) de US$10.000 millones en 1990 a US$46.800 millones en 2009, un importante efecto puede ser su contribución a la estabilidad económica, al fortalecer el valor agregado nacional y disminuir el riesgo de fuertes caídas en el PIB”, puntualiza el estudio.

Asimismo, se estima que Pueblo Viejo podría exportar unos US$1.330 millones anuales, con lo cual su contribución al total de los envíos del país caribeño será de un 15% (estos cálculos se realizaron asumiendo un precio fijo del oro de US$1.400 por onza).

No obstante, el emprendimiento tampoco ha estado exento de polémica. Ante la presión del Gobierno dominicano, el controlador Barrick accedió recientemente a renegociar el contrato de explotación. El nuevo acuerdo elimina una cláusula que permitía a la minera empezar a tributar a partir de la recuperación completa de su inversión. Según información de medios locales, se espera que con los cambios acordados el país caribeño reciba ingresos extra por US$1.500 millones.

Panamá

Otro caso emblemático es Panamá. En esta nación –más conocida por ser la puerta que conecta los océanos Atlántico y Pacífico– se desarrolla uno de los proyectos cupríferos más grandes del mundo, medido por costos de capital y recursos: Cobre Panamá. De hecho, la minera ha anunciado un incremento de 27% en las reservas probadas y probables de mineral, a aproximadamente 11,9 millones de toneladas. El contenido estimado de oro también aumentó, en un 41%, a 7,3 millones de onzas.

Los recursos comprometidos para su construcción ascienden a cerca de US$6.180 millones, siendo así la mayor inversión privada realizada en la historia de este país.
El atractivo de este proyecto llevó a que la compañía First Quantum emprendiera una persistente campaña para hacerse del control de la canadiense Inmet –original dueña del proyecto–, lo que finalmente se materializó en el primer trimestre de este año.

Una vez en operación comercial, la cual está prevista para 2016, la mina a rajo abierto produciría del orden de 266.000 ton anuales del metal rojo, y como subproductos: 87.000 onzas de oro, 1,5 millones de onzas de plata y 2.900 ton de molibdeno por año, según los datos vigentes hasta diciembre último.

El proyecto Mina de Cobre Panamá contempla tres yacimientos, los cuales serán explotados sucesivamente mediante la conformación de tres tajos a cielo abierto. Una vez en operación, este proyecto convertirá a Panamá en un importante exportador de cobre. Junto con ello, sentará las bases de un modelo de minería responsable. De hecho, en la compañía asumen como un reto “demostrar que la minería del siglo XXI es responsable ambiental y socialmente”.

Centroamérica

En el resto de Centroamérica otro de los mercados que ha abierto sus puertas a la inversión minera es Nicaragua. Clive Johnson, CEO y director de la minera B2Gold, que cuenta con dos faenas auríferas en producción en ese país –Limón y La Libertad–, destaca el buen clima local que ha encontrado, al punto que la compañía se ha transformado en uno de los mayores inversionistas en Nicaragua, “y nos hemos convertido en el tercer empleador más grande del país”, acota. B2Gold espera producir unas 200.000 onzas de oro en ese país en 2013.

Desde la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), han hecho hincapié que en el último tiempo las ventas de oro al exterior solo son superadas en monto por las de café. Y producto del dinamismo que muestra el sector, avizoran que para 2015 la minería aurífera podría convertirse en el rubro número uno. La producción en onzas troy del oro y la plata pasó de 83.200 en 2009 a 186.910 en 2011, de acuerdo con balances oficiales.

“En exploración seguimos invirtiendo, garantizando así un crecimiento anual del 10%, y continuamos con las investigaciones en el área de geología”, señaló recientemente el vicepresidente de la entidad gremial, Denis Lanzas.

En otros países del istmo, sin embargo, el escenario es distinto. En Guatemala los empresarios del sector han manifestado su preocupación ante la resistencia de las comunidades a esta actividad, así como por el retraso en la aprobación de los permisos y las reformas a la Ley de Minería. Otro tema que generó ruido en 2012 fue la posibilidad de una modificación constitucional que permitiría al Estado participar con hasta el 40% en la propiedad de los nuevos proyectos extractivos, provocando inquietud entre inversionistas y empresarios.

Cabe destacar que en este país, luego de dos años de no otorgar licencias mineras, el Ministerio de Energía y Minas autorizó la exploración en los departamentos de Alta Verapaz, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Quiché y Santa Rosa.

Uno de los proyectos más relevantes en marcha lo constituye la mina de plata Escobal, de la compañía minera Tahoe Resources. El presupuesto de capital de este emprendimiento asciende a US$327 millones.

En la vecina Honduras, en tanto, el Congreso Nacional aprobó a principios de año la nueva Ley de Minería. El país tenía siete años con una norma minera incompleta, ya que en 2005 la Corte Suprema de Justicia derogó 13 artículos de dicha legislación, entre los cuales se encontraban los referentes a la recaudación de impuestos a las empresas mineras.

La nueva norma especifica que en el caso de los minerales metálicos, la concesión tendrá una duración máxima de cinco años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Además, puntualiza que “la autoridad minera en ningún caso otorgará la concesión de explotación o de beneficio en tanto el concesionario no acredite la correspondiente licencia ambiental, la que será emitida por la autoridad correspondiente”.

Ecuador

La convención PDAC de 2012 sirvió de caja de resonancia para la ceremonia mediante la cual el Gobierno de Ecuador firmaba en Quito el primer contrato de explotación para una iniciativa de minería a gran escala en su territorio: el proyecto de cobre Mirador, impulsado por la firma de capitales china Ecuacorriente. En esa oportunidad el presidente Rafael Correa afirmó que se iniciaba “una nueva era en Ecuador”. No obstante, a pesar del gran potencial geológico que posee el país y la presencia de una serie de emprendimientos, el camino ha resultado más complejo que lo previsto.

El segundo proyecto más avanzando para entrar a la fase de explotación, Fruta del Norte, se mantuvo en un constante “tira y afloja” entre el Gobierno y la canadiense Kinross por las condiciones del contrato, especialmente por el impuesto a los ingresos extraordinarios. Finalmente en junio último la minera comunicó su decisión de dejar este proyecto aurífero. «A veces el mejor acuerdo es el que no se firma y este parece ser el caso», afirmó el presidente ejecutivo, Paul Rollinson.

Un par de semanas antes, el Gobierno del presidente Correa había enviado con calidad de urgente a la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas a la ley de minería del país, con el objetivo de atraer a la inversión privada. El paquete de medidas fue aprobado a mediados de junio y entre sus puntos principales mantiene el pago del impuesto a los ingresos extraordinarios por altos precios de los metales, pero una vez que sea recuperada la totalidad de la inversión por parte del concesionario.

Además, establece el pago de una regalía de máximo 8% para las exportaciones de oro, plata y cobre, mientras las medianas empresas pagarían 4% y las pequeñas 3%. Los cambios también agilizan la obtención de permisos ambientales y licencias de operación, imponen drásticas sanciones para la minería ilegal y un mayor control ambiental.

De esta forma, el escenario minero en la región muestra que hay grandes oportunidades para seguir creciendo y desarrollando la minería, pero contar con los recursos geológicos o financieros no es suficiente. Demostrar los beneficios sociales que genera la minería responsable y formal es clave. Los proyectos que hoy se están materializando en los nuevos países que han abierto sus puertas a la minería moderna, sin duda serán un referente.

Artículo gentileza de Revista LATINOMINERÍA, Grupo Editorial Editec.

Fuente / LATINOMINERÍA

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