La comisión quinta del Senado colombiano, que está a cargo de la discusión del proyecto de modificación al Código de Minas, aprobó en diciembre la primera de las cuatro discusiones del proyecto.
Los ajustes que está realizando el gobierno a 18 artículos de la ley minera apuntan a liberar áreas que se están utilizando para especular, así como ampliar los requisitos técnicos y financieros y reforzar la fiscalización.
El presidente del Consejo Intergremial de Minería de Colombia (Cimco), Carlos Forero, conversó con BNamericas para explicar algunos de estos artículos.
¿En qué se encuentra el proyecto de reforma al Código de Minas que está discutiéndose en el Congreso colombiano?
Hay una serie de temas que son prioritarios para el sector y que son estructurales dentro de la modificación al código, y uno de esos es la posibilidad de que el gobierno delimite áreas especiales que se encuentren libres y que, dependiendo de la información geológica minera y económica que se tenga de parte del gobierno, permitan llevar a cabo proyectos mineros de interés nacional.
Ese es un tema que ha preocupado mucho al actual ministro [de Minas y Energía, Hernán Martínez], dado que esa delimitación de áreas especiales con esas características para futuros proyectos es de gran importancia.
¿Cómo sería esa entrega o delimitación?
El gobierno quiere otorgarlas a través de lo que se ha denominado criterios o procesos de selección objetiva, es decir, quien ofrezca las mejores condiciones técnicas económicas, sociales, ambientales para la explotación o para el aprovechamiento del recurso será el más apto para tener derecho al desarrollo del proyecto.
Esto, en contraposición a lo que establece nuestro código y, de alguna manera, a un principio universal en el sector de otorgar las áreas al primero en el tiempo, que a su vez es primero en el derecho, por lo que acá vemos que habrá un cambio bien importante.
De lo que estamos hablando es que si el gobierno tiene información de proyectos importantes, serán proyectos que se otorgarán con base en las condiciones que ofrezcan desde esos puntos de vista las empresas interesadas.
¿Será a través de un proceso de licitación donde se analicen las diferentes ofertas?
Puede ser una licitación, y bastante estructurada.
¿Cuales son los beneficios de aplicar este sistema de entrega de áreas?
Este tema tiene puntos a favor y en contra. Desde el punto de vista positivo, destacamos que al Estado le interesa que quien se haga a las mejores áreas con los mejores prospectos para su desarrollo sean, de alguna manera, los que mejores contraprestaciones y mayores garantías de su capacidad para desarrollar el proyecto le den al gobierno.
Sin embargo, esta idea ha generado algunas inquietudes porque se piensa primero que todo que puede desbaratar la estructura del código del «primero en el tiempo, primero en el derecho».
Segundo, es volver a la posible figura del aporte con la cual se firmaron algunos contratos a la medida de cada uno de los interesados -contratos especiales, licitaciones- para otorgar las áreas, en medio de las dificultades que implica un proceso de licitación en este país. Esa sería la parte que puede despertar alguna inquietud. Pero, insisto, el espíritu del proyecto es muy bueno en términos de darle al mejor postor las mejores áreas, y no al que primero llegue.
¿Esta figura terminaría con la especulación de áreas?
Sí, de eso se trata, de optimizar un poco la gran demanda de áreas mineras y optimizar las áreas que se entregan en las mejores condiciones y tener la garantía de que el desarrollo se haga en condiciones adecuadas para el país, dado que actualmente el nivel de requisitos para entregar un área es muy bajo, lo que ha generado -en algunos casos- un mercado de contratos de concesión minera en donde el interesado es un intermediario que se hace a las áreas para negociarlas en el mercado, lo cual tampoco es malo, dado que dinamiza la actividad minera. Pero al Estado tampoco le interesa que una buena parte de sus mejores áreas mineras esté en manos de intermediarios mineros.
¿Qué otros aspectos del proyecto de ley pueden destacarse?
Otro tema es el de la pequeña minería y la minera informal, que no solamente tiene implicaciones graves desde el punto de vista de la competencia desleal, sino también de los riesgos desde el punto de vista ambiental y de seguridad industrial y ocupacional, que son mal llamadas «de pequeña minería». Yo las definiría como explotaciones ilegales o informales, que obviamente causan un impacto importante en el sector y acá el gobierno planteó un artículo que, cómo quedó aprobado, es desafortunado.
¿Por qué?
Porque no creo que estemos solucionando el problema de fondo. Aquí hay dos temas. Uno, es volver a tener un programa de legalización [de operaciones mineras informales]. En Colombia hemos tenido varios programas de legalización y este sería un nuevo programa en unas condiciones probablemente menos onerosas para el Estado colombiano.
Como va hasta ahora el proyecto. El Estado no debería pagar los costos de los planes de trabajos y obras ni de los planes de manejo ambiental, pero cualquier cosa puede pasar en el Congreso y se puede llegar incluso a como terminó el último programa de legalización, donde el Estado quedó pagando los costos de la misma legalización, los costos de planes de trabajos y obras y los planes de manejo ambiental.
Ahora se plantea que esos temas correrán por cuenta de los interesados, pero se abre una nueva amnistía para los mineros ilegales en Colombia que lamentablemente, por más buenas intenciones que se tenga en estos procesos, lo que transmite es una señal equivocada.
Por el hecho de ser ilegal el Estado no lo va a sancionar y está para apoyarlo, y con ese discurso lo que entiende el informal es que está bien lo que ha hecho, mientras que el formal se desmotiva al ver que opera legalmente pero el Estado apoya con todo al informal.
Usted señaló que se han hecho varios intentos por legalizar a los mineros informales y estos han fracasado ¿Por qué sigue insistiéndose en una estrategia similar a las anteriores?
Esa es la pregunta del millón. Además, vemos que en cada programa de legalización son los mismos mineros los que presentan solicitudes de legalización y a esos mismos se les rechazan porque en muchos casos no son viables desde el punto de vista técnico y/o ambiental. Esa no es la solución y está demostrado.
Por otro lado, hay otro elemento que, a mi juicio, es crítico y se refiere a la prelación que se le pretende dar a la minería tradicional. Minería tradicional se define como minería que tiene una existencia mínima de tres años de estar operando en un mismo sitio. Es decir, cualquier proyecto que pueda demostrar que lleva con la explotación más de tres años tiene un privilegio para acceder al otorgamiento del contrato de concesión por parte del gobierno.
A mi parecer esto transmite una señal compleja. Si bien entiendo el problema social de la minería, también tengo muy claro que los problemas sociales de los países que tienen actividades económicas particulares, en este caso la minería, no se pueden solucionar en detrimento de la misma actividad económica.
Hoy pretendemos hablar de minería social, de minería para los pobres, de minería para favorecer a las comunidades marginadas, así que creo que la actividad minera como cualquier actividad económica es una actividad que tiene que ser rentable, no importa el tamaño -pequeña, mediana o grande- para que sea sostenible. Pero el Estado no puede hacer parte de un negocio en condiciones desfavorables para el beneficio de un particular tercero a través de subvenciones de incentivos, de apoyos, y acá creo que la señal es bastante errónea.
El año pasado, luego de varios accidentes fatales en algunas minas, el gobierno anunció que cerraría aquellas que estaban operando de manera ilegal. ¿Eso se cumplió?
Sí, pero al gobierno le resulta muy complicado tener un control de las actividades de la economía informal. Este tema en particular de la minería vale la pena aclararlo, dado que es un tema donde la autoridad como tal, para efectuar los cierres, son los propios alcaldes.
Acá se genera una disyuntiva muy grande, porque en la mayoría de los pueblos los alcaldes saben que las actividades informales, cualquiera que sea la actividad, generan una forma de subsistencia, e incluso políticamente algunos mineros no formales también van a apoyar en las campañas políticas, así que en las regiones apartadas resulta muy complicado para el alcalde ir a cerrarle la mina a su propio amigo e incluso a un familiar, o dejar un grupo importante de gente sin empleo. Uno entiende que existe ese gran dilema.
Creo que lo que debe haber son incentivos positivos para que la gente se formalice y en ese sentido ya hay varias iniciativas. Por ejemplo, en el área de materiales de construcción se han desarrollado directorios de proveedores en donde los contratistas no le compran a nadie que no esté registrado en un directorio.
Lo que deben entender es que si no está legalizado no sobrevive en el mercado, y de la misma manera se puede aplicar en la compra de oro, carbón… Es decir, hay muchas maneras de premiar al formal y de castigar al que no lo es.
¿Aparte de la discusión de la reforma al código de minería, qué otros temas mineros destacan actualmente en Colombia?
Hay una iniciativa que fue lanzada oficialmente el año pasado que se trata de la Agenda Gobierno-Industria Minera. Se trata de un modelo que adoptó hace años el sector petrolero en Colombia para poder tener un escenario de intercambio de ideas, inquietudes, opiniones, problemas y soluciones entre el sector privado petrolero y el gobierno.
Ahora lo vamos a replicar en el sector minero y estimo que será muy interesante, porque si bien es cierto que hay muchos espacios de concertación y de participación con el gobierno, una agenda conjunta nos permitirá trabajar, tanto al gobierno como a la industria, hacia lo mismo y poder encontrar soluciones a través de canales directos.
ACERCA DE LA COMPAÑÍA:
El Consejo Intergremial de Minería de Colombia (Cimco) está conformado por gremios como el Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbon), la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas) y la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (Asogravas), entre otros.
Fuente / BNamericas