La Corte de Apelaciones aplazó ayer su decisión de detener las obras del tranque de relaves El Mauro, del grupo Luksic, en la IV Región.
El tribunal decidió solicitar más antecedentes a las partes -Dirección General de Aguas (DGA) y a Los Pelambres- para decidir si detendrá o no la construcción de este proyecto por US$ 530 millones. Todo ello, mientras la Suprema tramita las reclamaciones hechas por los Luksic y la DGA al fallo que revocó el permiso de aguas del tranque.
Hace dos semanas, la Corte de Apelaciones revocó el permiso otorgado por la DGA a la iniciativa, por considerar que ésta afectaba los derechos de agua de los regantes y propietarios de Caimanes, localidad ubicada río abajo del tranque.
Esta situación causó alarma en la industria, que ve en ella un cuestionamiento directo a la institucionalidad ambiental, dado que el fallo cuestiona la competencia de la Conama para predecir los impactos ambientales de este proyecto.
Es así como -el miércoles- el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Luis Schmidt, apoyó la acción de los regantes de Caimanes, asegurando que la iniciativa del grupo Luksic pasaba a llevar los derechos de agua de los agricultores. Ello causó fuerte molestia entre los gremios de la industria y la minería, quienes han manifestado su posición en lo que respecta a la institucionalidad ambiental y han evitado referirse al fallo en sí.
Incluso, ya se le había dicho a Schmidt que evitara referirse al detalle del fallo, dado que este tipo de situaciones trasciende a un sector en particular, ya que es un tema que afecta transversalmente a la industria en general.
La compañía se encuentra en una frenética carrera por evitar que las obras se detengan, debido a que la capacidad de sus tranques de relaves actuales se agota en 2008, por lo que necesita que las fechas contempladas en El Mauro se cumplan.
Pero ahora otro actor entra a este complejo tema. Según dicen desde Los Pelambres, será el Sernageomin quien tendrá una opinión preponderante a la hora de decidir la paralización de la obra.
Ello, ya que la Corte de Apelaciones debe considerar la seguridad del proyecto antes de tomar una decisión, y como dicen desde la minera, «el organismo capacitado para analizar este tema es el Sernageomin».
La DGA se defiende
«Tenemos la tranquilidad de que la Corte Suprema revertirá el fallo». Así defendió el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, su rol en la aprobación del polémico tranque.
En su presentación, Weisner aseguró que la entidad estableció plenas garantías de operación del tranque, donde se incluyen caudales mínimos de abastecimiento, además de sistemas de monitoreo y garantías de calidad de aguas.
A la vez, aseguró que se le solicitó a la minera tener fuentes alternativas de abastecimiento de agua en caso de eventualidades, con lo que la entidad estatal busca evitar que los derechos de este recurso por parte de los regantes se vean afectados en caso de alguna emergencia.
«Tenemos la tranquilidad de que el tranque, tal como fue aprobado, no debiera producir impactos», dijo.
Fuente / El Mercurio