«La institucionalidad medioambiental hay que cambiarla», así lo creen varios expertos, tras casos como los de la planta de Valdivia de Celulosa Arauco, Agrosuper y Pascua Lama.
La Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente comenzó a operar en 1997. El ex Presidente Lagos quería enviar al Congreso un cambio legal para crear una Superintendencia Ambiental, pero decidió dejar la iniciativa a las nuevas autoridades.
Los especialistas valoran la propuesta, pero creen que no basta con solo mejorar la fiscalización. Dicen que se deben elevar las capacidades para evaluar los proyectos, incluyendo mayores recursos para la Conama o un eventual Ministerio de Medio Ambiente, como lo propuso la Presidenta Bachelet.
«La ley quedó sobrepasada y es necesario legislar un cambio hacia una institucionalidad medioambiental que opere sobre criterios científicos y técnicos, en vez de resoluciones de carácter político», indica Juan Carlos Urquidi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la SNA.
Mejorar la Conama
Antonio Horvath, presidente de la comisión, critica el carácter «netamente coordinador» de la Conama, ente sometido a los ministerios que están sobre ella. En muchos proyectos la última palabra la tiene un Consejo de Ministros que opera en La Moneda.
«No puede imponerse. Debe tener una mayor jerarquía», dice. Además, se opone a que en las instancias haya una mayoría de personas de confianza del gobierno, ya que vulnera la objetividad o la participación ciudadana. «Hay casos como el de un proyecto de una cementera que quería procesar neumáticos usados y petcoke. Un secretario ministerial, integrante de la Corema de la V Región, votó en contra. Y, ¿qué pasó después? Un ministro fue y lo echó», acusa.
A raíz de situaciones como ésa, una moción que reforma la ley, aprobada en general por el Senado en enero, se estableció que no puede haber órdenes superiores en las decisiones de las Corema. Urquidi dice que debieran cambiar los integrantes, elevando el comité técnico.
Horvath cree indispensable hacer estudios de localización. «Una iniciativa puede ser buena o mala, dependiendo del lugar», dice, y agrega que por eso la moción se obliga a hacer análisis previos.
Javier Hurtado, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la CPC, dice que hay que darles facultades y recursos a las Corema para que subcontraten estudios equivalentes a los de las empresas. También cree que deberían exigir seguros ambientales. «Si una empresa no cumple, el seguro responde. Así, éste pasa a ser un filtro de la iniciativa, porque ninguna aseguradora regalará sus recursos».
Capacidad fiscalizadora
Los especialistas coinciden en que falta capacidad fiscalizadora. El profesor de derecho medio ambiental Jorge Varela dice que «hay una incapacidad de centralizar las decisiones en un solo ente técnico capaz de ejecutar lo decidido». Según Varela, carecer de capacidad punitiva genera desincentivos a las empresas. «Que atrás esté la fuerza es lo que invita a las compañías al cumplimiento voluntario de sus propias normas medioambientales», dice.
Fuente / La Tercera