US$ 676 millones tributará Escondida por el año 2005. Magna cifra que representará más del 35% de la tributación total que la gran minería privada deberá rendir al Fisco por concepto de los 12 meses de ese año y un importante número que, según dicen en la empresa, refleja que la minera ha cumplido de forma cabal sus obligaciones con el Estado respecto al régimen tributario vigente.
Hoy la compañía se rige bajo el régimen tributario que contempla el Decreto Ley 600 para inversiones extranjeras. En la base, éste consiste en una invariabilidad tributaria a cambio de una tasa de impuestos de máximo 42%.
Es así como la empresa se ve enfrentada hoy a un fuerte llamado por parte del Gobierno a renunciar voluntariamente a la invariabilidad tributaria y acogerse a la opción entregada por el Ejecutivo de disminuir la carga impositiva de todos sus socios -de 42 a 35%-, pero pagando el impuesto específico a la minería, el royalty 2 .
Éste es el proyecto emblemático del Gobierno de Lagos y la creación de un fondo de innovación tecnológica con estos recursos, su principal objetivo.
Si bien el plazo para cambiarse de régimen tributario venció el 30 de noviembre -todas las mineras optaron por cambiarse de régimen-, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, mostró interés en extender este plazo para darle a Escondida tiempo de cambiar de opción.
Pero en la minera responden tajante. La decisión está tomada, y el no cambiarse de régimen se ampara en la propia ley que el Ejecutivo llevó adelante con la oposición de diversos sectores y en particular del mundo minero privado.
¿Por qué esta decisión? «Porque apreciamos a la estabilidad del DL 600», responde el vicepresidente de asuntos corporativos de BHP Billiton, Mauro Valdés, recalcando que la empresa tiene planes en el largo plazo en nuestro país, por lo que este factor es prioritario a la hora de elegir la alternativa.
Si bien el ejecutivo asegura que no entrará en rencillas políticas, destaca que la compañía está dispuesta a conversar si el Gobierno quiere hacerlo, pero que aún no han recibido solicitudes de parte de éste.
Frente a la amenaza de Eyzaguirre de cambiar la ley para obligarla a tributar el royalty, Valdés responde que es un tema soberano del Gobierno y que la compañía se apegó estrictamente a lo que decía la Ley y ejercitó una de las opciones que esta misma contempla. Añadió que es la propia «ley del royalty» la que contemplaba dos posibilidades.
Más aún, Valdés destaca que la compañía ha pagado desde 1990 cerca de US$ 3 mil millones al Fisco por concepto de impuesto a la renta y que nunca usó la depreciación acelerada, que fue precisamente uno de los argumentos para lograr la aprobación del royalty.
En tanto, en los gremios mineros destacan que el tema de Escondida y el royalty es un factor que sólo depende de la empresa y que no actuarán como entidad al respecto. Si bien aseguran que en términos de imagen podría haber algún impacto, se esfuerzan en recalcar que la compañía se ampara en la Ley y que no ha faltado a ésta.
Fuente/El Mercurio