Desde el 1 de enero comenzará a regir el royalty a la minería. El impuesto cobrará el 5% de las utilidades operacionales para las empresas con una producción vendida desde 50 mil toneladas de cobre fino al año o su equivalente en otros minerales. Las que produzcan menos de 12 mil toneladas serán excluidas y las que produzcan entre 12 mil y 50 mil pagarán tasas diferenciadas. Los recursos recaudados financiarán el nuevo Fondo de Innovación para la Competitividad.
En el primer año de vigencia del gravamen el gobierno estimó que se recaudarán unos US$ 82 millones y así lo establece en el Presupuesto 2006.
Hace unos días la comisión parlamentaria que estudia cómo utilizar los recursos que generará el royalty rechazó el proyecto presentado por el Ejecutivo. La razón, los bajos montos asignados por el gobierno para las regiones mineras.
Y aunque el ministerio de Hacienda se mostró llano a acoger algunas indicaciones, la sola idea de que se apruebe una ley con las características que exhibe hoy genera violentos anticuerpos entre todos los actores regionales.
Según el proyecto del gobierno, el 75% del total recaudado con el royalty se concentrará en el fondo de innovación y el 25% restante irá directamente a regiones. De estas asignaciones, las mineras se llevarán el 60% y de aquellas, la Primera y Segunda sólo el 21% de las platas.
RECHAZO
La noticia generó inmediatas reacciones. Juan Manuel Aguirre, presidente de la Corporación para el Desarrollo Productivo (CDP) opinó que «es una muestra más del centralismo exagerado y consistente de las autoridades de nuestro país. En efecto, la intención original era favorecer la innovación tecnológica y formación de nuevos sectores de actividad económica en regiones mineras y en la práctica se ha transformado en una contienda en la que grupos de interés tratan de llevar agua a su propio molino, perdiéndose totalmente la intención primera de este nuevo fondo».
APORTE
Aguirre continuó destacando el permanente aporte de las regiones mineras al país. «Ya que las tres primeras regiones han ayudado a embellecer Santiago con nuevas obras públicas, extender el metro, mejorar su sistema de evacuación de aguas lluvia, recuperar Ferrocarriles del Estado, bien podremos seguir aportando a la ciencia e innovación de la región Metropolitana y regiones agrícolas con algunos centenares de millones de dólares. Espero que después de consumada esta nueva burla a las expectativas regionales, nuestros legisladores tengan los pantalones para defender los intereses de las regiones que representan», finalizó.
REGIONALIZACION
Igualmente crítico de lo que se está «cocinando» en Santiago y Valparaíso, fue Fernando Rivas, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). «Estos recursos son de las regiones en cuerpo y alma. Siendo consecuentes con la regionalización: ¿Por qué no se permite que sean las regiones las que decidan qué hacer con ellos, aún si no todos se destinan de manera inmediata a la investigación? Proyectos como el cluster minero, la capacitación especializada de técnicos y trabajadores, ¿no permitirían incrementar en las regiones mineras esa capacidad crítica faltante?».
Rivas finalizó mandando un mensaje a nuestros legisladores: «Si los recursos generados por el mal llamado Royalty II no vuelven a las regiones como se arguyó, prometió y justificó, nuestra clase política, particularmente la centralista, sufriría un nuevo descrédito al no honrar sus compromisos ni los fundamentos que dieron origen a la aprobación del impuesto. Afortunadamente, nuestros ciudadanos ya son maduros y entienden cada vez mejor las inconsecuencias en materias políticas. Aquí hay una, cuya evidencia es manifiesta».
Fuente/El Mercurio de Antofagasta