Comisión entregará informe a más tardar el 9 de septiembre

Jul 21, 2005

En el cumplimiento de su mandato, la Comisión Investigadora deberá proponer el establecimiento de nuevas normas o la modificación de las existentes, si fuere el caso.

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analizará la normativa que rige los contratos de Codelco con terceros deberá presentar a la Sala, a más tardar el 9 de septiembre de 2005, el informe de sus conclusiones respecto de las eventuales modificaciones legales, reglamentarias y de procedimientos que pudieren ser necesarios para una adecuada regulación de las contrataciones y provisiones de servicios en Codelco.
Así lo estableció el texto del proyecto aprobado al mediodía de ayer en el Congreso. Tal como informó www.mch.cl en la tarde de ayer, los diputados aprobaron crear la comisión, por 102 votos y 1 abstención, en una sesión especial a la que asistieron el ministro de minería Alfonso Dulanto y el presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú.
El texto del proyecto aprobado comienza por rechazar cualquier intento por privatizar la Corporación, cualquiera que sea la modalidad que se intente o el pretexto que se invoque. Luego constituye la Comisión Investigadora, según las finalidades establecidas en el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, esto es, «recopilar los antecedentes en relación con los contratos que motivaron la sesión especial, y analizar las normas legales y reglamentarias que regulan la forma, el modo y los procedimientos utilizados por Codelco para la contratación de terceros, ya sea para asesorías, consultorías o prestaciones de servicios, como, asimismo, las prácticas con que ellas se determinan y ejecutan». Agrega que «en el cumplimiento de su mandato, la Comisión Investigadora deberá proponer a esta Corporación el establecimiento de nuevas normas o la modificación de las existentes, si fuere el caso». Y concluye que la comisión «deberá proponer a esta Sala la remisión de los antecedentes a los organismos jurisdiccionales correspondientes si, como consecuencia del mandato, concluyera la existencia de hechos que pudieran importar una eventual infracción al ordenamiento legal».
El proyecto de acuerdo faculta a la comisión «para que sesione en cualquier parte del territorio nacional, en los días que estime convenientes».

Acusaciones y descargos

Durante la sesión especial, en el tiempo previo de 15 minutos, destinados a fundamentar la solicitud de sesión especial, el diputado Alejandro García Huidobro (UDI), enumeró una serie de cargos a la plana mayor de Codelco.
Entre las acusaciones mencionó el pago de sobresueldos a funcionarios públicos, de honorarios de asesorías a ONGs ligadas a la Concertación, contratos de asesoría a ex parlamentarios y contratos relacionados, es decir, hechos a empresas con las que directores de la cuprera estatal tenían nexos por pertenecer o haber trabajado en ellas, o mantener parientes cercanos en ellas.
El parlamentario también criticó duramente al médico Hernán Sandoval, actual embajador en Francia, quien fue contratado para diseñar el sistema de salud de la empresa. A juicio del parlamentario, los trabajadores habían dado la espalda a esa iniciativa, ya que en las divisiones preferían los sistemas de Isapre locales. García Huidobro avaluó las pérdidas por mala gestión de Codelco en US$ 1.000 millones.
El ministro Dulanto y Villarzú refutaron los cargos y llamaron a «cuidar Codelco». Señalaron que la gestión de la empresa ha sido transparente y exitosa, porque ha permitido aumentar su valor patrimonial al doble. Agregaron que las asesorías y contratos se han hecho con el control suficiente y desafiaron a que, si consideran que hay ilícitos o irregularidades, sean denunciados a la justicia. De lo contrario, se trataría sólo de denuncias sin fundamento con motivos electorales. Vaticinaron que la empresa transferirá este año al Estado excedentes por más de US$ 1.500 millones, transformándose en el mejor negocio que posee el país.
Durante la sesión, el diputado Jorge Burgos defendió el aporte que Codelco hace al país, pero se mostró abierto a reformar la actual ley que rige a la empresa. Sostuvo que la entrega obligada del 10 % de sus ventas a las fuerzas armadas, es un peso que disminuye su capacidad de maniobra y de gestión. Se mostró partidario de revisar la normativa que rige a Codelco para ponerla a tono con la modernización que vive el país.
Por su parte, el diputado Mario Bertolino dijo que la empresa debe tener mayores instrumentos de transparencia, y propuso, entre otros puntos, aumentar las responsabilidades legales de los directorios, así como su integración por personas independientes del gobierno de turno. Criticó que los ejecutivos de la estatal se creyeran «verdaderos señores feudales», no comprendiendo que estaban ahí en representación de todos los chilenos.
En tanto, el diputado Antonio Leal, dijo que el 80 % de las asesorías contratadas por Codelco han sido hechas con profesionales de derechas, individualizando entre los favorecidos a personeros que desempeñan importantes labores de asesoría política. El diputado sostuvo en su discurso que en 1988 y 1989, Codelco transfirió a la Central Nacional de Informaciones (CNI) $ 6.000 millones para labores de represión política de los trabajadores del cobre.
Por su parte, el diputado Pedro Araya interpeló directamente a Villarzú por contratos de asesoría celebrados con el ex diputado Felipe Valenzuela, los que, a juicio del parlamentario, no se justificaban y empañaban la gestión de la empresa.
El diputado Carlos Vilches, en tanto, señaló que Codelco no pertenece a la Concertación, y que la plana mayor de la estatal está transitoriamente en esos cargos, por lo que su gestión debe ser hecha con un criterio nacional y no partidista.
Otros diputados participantes en el debate fueron Carlos Abel Jarpa, Nicolás Monckeberg, Pablo Lorenzini, Cristián Leay, Rodolfo Seguel e Isabel Allende. Los legisladores de oposición insistieron en que la estatal está mal gestionada y ha sido utilizada como caja pagadora de beneficios políticos, en tanto que los diputados de gobierno sostuvieron que, tras las denuncias, se esconden propósitos encubiertos de privatizar la empresa estatal.
Cristian Leay, presidente de la Comisión de Minería, criticó el aumento de costos de Codelco, y dijo que no considerar ese factor no entender como funciona la minería. Aseguró que los costos de la estatal superan los 80 centavos de dólar la libra de metal rojo, 10 centavos más que el costo promedio de otras faenas. Luego formuló una batería de preguntas que, dijo, las autoridades presentes en la Sala no han respondido. Algunas de sus preguntas fueron: «¿es falso que se contrató la empresa del ministro Puccio, siendo éste embajador? ¿Es falso que se contrató al señor Hormazábal por unos estudios que no tienen ningún objetivo?¿Es falso lo expuesto por el diputado señor Araya, cuando mostró las boletas del ex diputado Valenzuela? ¿Es falso que hermanos de ministros tengan contratos en forma directa?».
Más adelante señaló:»¡No se pueden hacer las cosas a lo amigo! Pero resulta que aquí figuran en estos contratos de asignación directa los amigos, como si fueran los únicos que tuvieran la expertiz y la experiencia. Gescam no es la única empresa de medio ambiente que hay en Chile. Existen muchas igualmente preparadas y capacitadas. Pero, ¿por qué se contrató a Gescam? Porque su dueño es el cuñado del Presidente de la República, o, quizás, porque el que le asignó el contrato a esa empresa quiere quedar bien con el cuñado del Primer Mandatario. Eso no es manejar bien los recursos de Codelco».
Cerró el debate Isabel Allende quien, emocionada, recordó que fue en el trienio en el que su padre gobernó el país (1970-1973), cuando el cobre fue nacionalizado por el Congreso Nacional, permitiendo que sólo en el período comprendido entre 2000 y el 2005, las arcas fiscales recibieran 9.000 millones de dólares para contribuir a financiar la red de protección social del país.
Tras la aprobación de la comisión investigadora, Jorge Burgos explicó que si bien la idea inicial era una comisión especial, finalmente se acordó ceder en este punto llegando a la propuesta de una comisión investigadora. «Lo importante es que se cumpla el rol fiscalizador y que se haga bien».

Fuente/Cámara de Diputados

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