En los próximos cinco días, los asesores de Hacienda y de Minería deberán sacar del Congreso el proyecto del royalty 2.
Deberán convencer a los senadores para que aprueben el nuevo impuesto específico que el Ejecutivo quiere aplicarle al sector minero, más conocido como royalty 2, para que el jueves éste sea devuelto a la Cámara de Diputados a su tercer trámite.
Con este trámite hecho, el objetivo del Gobierno es intentar a toda costa aprobar la iniciativa antes del 21 de mayo, antes del último mensaje de Lagos al país.
Y la propuesta que esperan aprobar los parlamentarios es bastante distinta a lo que originalmente existía. Es por eso que, en la sesión del martes pasado, el senador (RN), Baldo Prokurica, aseguró que mientras no tenga el proyecto «en la mano» no lo aprobará, ya que sería una «irresponsabilidad». El viernes, el Gobierno lo envió y los senadores tuvieron todo el fin de semana para analizar los cambios.
De esta forma mañana la Sala deberá aprobar o rechazar el proyecto de royalty 2 con dos indicaciones clave: por un lado la modificación que se hizo para no afectar a la mediana minería y, a la vez, la redistribución de los recursos en un porcentaje mayor para las regiones mineras.
Pero hay un punto que preocupa a los gremios.
La indicación que se hizo en el marco del royalty 2 y que faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) a objetar los precios de transferencia entre entidades no relacionadas y no sólo para la minería, sino para todos los sectores de la economía.
Si bien el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que su intención no era aumentar la fiscalización a otros sectores y se comprometió a especificar el tema hacia la minería, en los gremios aún hay incertidumbre.
«Esto no debe quedar en palabras, debe especificarse todo respecto a esta nueva indicación», explica el gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Carlos Urenda.
Fuente/El Mercurio